El presidente de Estados Unidos (EEUU) Joe Biden visitó este jueves el Congreso para presentar un nuevo plan de gasto social de costo reducido, valorado en unos 1,75 billones de dólares, con el que espera conseguir el apoyo de las alas moderada y progresista del Partido Demócrata.
El plan mantiene las inversiones en el clima y la educación infantil previstas en el proyecto inicial de 3,5 billones de dólares. Sin embargo, deja fuera la garantía de una baja familiar y de maternidad pagada a nivel nacional. También enfría las expectativas de un plan de regularización para los inmigrantes indocumentados.
«Todo el mundo está de acuerdo con esto», aseguró Biden a los periodistas al llegar al Congreso para reunirse con los demócratas. Así, intenta llegar a un acuerdo con ellos antes de salir en unas horas de viaje a Roma para participar en la cumbre del G20.
Pero el senador demócrata Dick Durbin dijo a los periodistas que hay «mucha incertidumbre» sobre si el nuevo plan de gasto de Biden conseguirá unir a las facciones del partido. Está por ver si el ala progresista aceptará un proyecto que recorta a la mitad el gasto social previsto originalmente.
El paquete, anunciado este jueves por la Casa Blanca, mantiene una inversión de 555.000 millones de dólares en la lucha contra la crisis climática. En particular, a través de incentivos fiscales para el uso de fuentes de energía limpias.
Otros 400.000 millones se destinarán a la educación gratuita para los niños de entre 3 y 4 años, los 2 años previos al ingreso a la escuela primaria. Asimismo, contempla 200.000 millones para ampliar un año más los créditos fiscales para los estadounidenses de menores ingresos que tienen hijos.
De igual manera, incluye inversiones en seguros médicos y vivienda asequible para personas de bajos ingresos. Pese a todo ello, deja fuera un pilar clave de lo que había sido la agenda de Biden: la garantía de una baja remunerada por maternidad o paternidad, un derecho que en EEUU no está garantizado a nivel federal.
El plan de la Casa Blanca deja la puerta abierta a añadir otros 100.000 millones de dólares que se destinarían a inmigración. Pese a ello, todo apunta a que irían a parar a gastos de visados y no a la regularización de millones de indocumentados, como querían inicialmente los demócratas.
La financiación del plan de gasto de Biden se basa en la imposición de una tasa del 15 % para las grandes empresas, dentro del acuerdo global de un impuesto mínimo internacional a las multinacionales.
Asimismo, aumenta un 5 % los impuestos para las personas con ingresos superiores a 10 millones de dólares y 3 % adicional para las que ganen más de 25 millones de dólares.
Penaliza, por otro lado, con un 1 % la recompra de acciones por parte de las grandes empresas, mecanismo utilizado para elevar el precio de los activos.
Queda fuera, finalmente, la propuesta de aplicar impuestos a los multimillonarios, quienes ganan más de 100 millones de dólares al año o cuyos activos están valorados en más de mil millones de dólares. Esto habría afectado a magnates como Elon Musk o Jeff Bezos.
