La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecían el lunes estar dispuestos a bloquear una ley de Texas que representa el mayor golpe al derecho al aborto en el país en casi 50 años.
Cuatro de los nueve miembros de la Corte -el presidente, John Roberts, y los tres jueces progresistas-, ya indicaron anteriormente querer congelar esta legislación que, desde hace dos meses, ha limitado drásticamente el derecho de las texanas a interrumpir su embarazo.
Ahora, después de casi tres horas de argumentos orales, dos jueces conservadores designados por el expresidente Donald Trump, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, también expresaron su escepticismo sobre la nueva normativa.
«Los jueces parecieron reconocer que la posición de Texas es extrema y amenaza los cimientos de nuestra democracia constitucional», comentó luego de la audiencia Marc Hearron, abogado de la organización Whole Woman’s Health, que opera cuatro clínicas de interrupción del embarazo en Texas.
«Nos reconfortan las enérgicas preguntas planteadas hoy», apuntó Julie Murray, abogada de Planned Parenthood. «Pero la realidad en el terreno (…) es que los pacientes siguen sufriendo», añadió.
Desde el 1 de septiembre está prohibido abortar en Texas tan pronto se perciben los latidos del corazón del embrión, o sea, en torno a las seis semanas de embarazo, incluso en casos de incesto o violación.
Una docena de otros estados aprobaron leyes similares, pero todas fueron declaradas inválidas por violar la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El máximo tribunal de Estados Unidos reconoció en 1973 el derecho de las mujeres a tener un aborto y especificó en 1992 que se aplica siempre que el feto no sea viable fuera del útero, es decir, alrededor de las 22 semanas de embarazo.
Texas, un verdadero laboratorio de las ideas más conservadoras, planeó sin embargo un nuevo dispositivo que complica la intervención de la justicia federal.
La ley texana confía a los ciudadanos «exclusivamente» la tarea de hacer cumplir esta prohibición, alentándolos a emprender acciones civiles contra las personas y organizaciones que ayudan a las mujeres a tener abortos más allá de las seis semanas.
En caso de victoria en los tribunales, estos ciudadanos obtendrán una indemnización de 10.000 dólares, establece la ley. Sus detractores lo ven como un «bono por denunciar».
Hace dos meses, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, invocó razones procesales para negarse, por una estrecha mayoría de 5-4, a bloquear la entrada en vigor de la ley el 1 de septiembre.
Su inacción, vista como una señal de la influencia de los tres magistrados designados por Trump, había sido fuertemente criticada por la izquierda. El presidente demócrata Joe Biden criticó entonces una decisión que «insulta el Estado de derecho».
Desde entonces, la batalla legal se ha intensificado con la intervención del gobierno federal y sentencias judiciales contradictorias, por lo que la Corte Suprema finalmente ha decidido dedicar una audiencia al caso.
Reflejo de las divisiones en la sociedad estadounidense, defensores y opositores al aborto se reunieron el lunes en Washington frente a la sede de la Corte, portando pancartas con mensajes irreconciliables: «El aborto es esencial» o «Deja latir sus corazones».
En el edificio de mármol blanco, los nueve jueces no discutían este derecho sino solo el mecanismo legal creado por Texas.
La magistrada progresista Elena Kagan cuestionó que «algunos genios» hayan inventado este dispositivo como una forma de «evadir» el principio de que «los estados no deben anular los derechos constitucionales federales».
El conservador Kavanaugh estaba preocupado «por las implicaciones para otros derechos constitucionales». Por ejemplo, preguntó, ¿podría haber «una ley que permita reclamar millones de dólares a cualquiera que posea un rifle AR-15?».
Su colega Barrett destacó por su parte que la ley no podía ser bloqueada a nivel de los tribunales estatales, cortando el argumento de los otros tres conservadores que parecían querer apoyarse en la justicia local.
La Corte Suprema, que podría bloquear la ley o reenviar el caso a un tribunal inferior, se espera que se pronuncie con bastante rapidez.
Cualquiera sea su decisión, la batalla no terminará: la Corte Suprema debe examinar el 1 de diciembre una ley de Misisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo.
Según analistas, podría aprovechar este texto más clásico para comenzar a desentrañar su jurisprudencia, volviendo al menos al criterio de «viabilidad del feto».
