Venezuela frente a la tragedia del 24 de junio de 2026

Dr. Daniel R. Manrique, PhD. DBA, JD. (Coronel de Kentucky).
Experto en Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

En medio del dolor, los daños en edificaciones y el colapso de servicios esenciales, la discusión pública no debe reducirse a la intensidad del fenómeno natural. La verdadera evaluación debe centrarse en la capacidad institucional para anticipar riesgos, responder con rapidez, coordinar recursos y sostener la recuperación de la sociedad.

El centro-norte de Venezuela enfrentó uno de los episodios sísmicos más severos de su historia reciente. Dos movimientos telúricos de gran intensidad impactaron de forma consecutiva, con epicentros reportados cerca de Morón, en el estado Carabobo, y efectos destructivos sentidos con fuerza en Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. Los reportes describieron daños severos en estructuras residenciales, colapsos habitacionales e interrupciones de servicios vitales. Detrás de esas descripciones técnicas se encuentran historias concretas: familias separadas, ciudadanos removiendo escombros a mano limpia y comunidades enteras incomunicadas bajo una presión extraordinaria.

La tragedia venezolana debe observarse desde una perspectiva técnica, humana y profesional, lejos de la politización o de disputas partidistas, los fenómenos naturales, aunque son inevitables, no producen los mismos resultados en todas las sociedades. Dos países pueden experimentar eventos sísmicos de magnitud similar y, sin embargo, enfrentar consecuencias radicalmente distintas. La diferencia no descansa únicamente en la fuerza de la naturaleza, sino en la preparación previa, la calidad de la infraestructura, el entrenamiento de los organismos de respuesta y la capacidad real del Estado para actuar con eficacia cuando cada minuto se traduce en una vida salvada.

En las primeras horas posteriores a un doble evento sísmico, los datos suelen ser variables. Por ello, más que concentrarse en números preliminares, conviene examinar las variables estructurales que determinan la supervivencia: el tiempo de llegada de los equipos especializados, la disponibilidad de herramientas de búsqueda, la articulación entre autoridades, el estado operativo de los hospitales, la continuidad de los servicios de electricidad y agua potable, y la robustez de las redes de comunicación. En una emergencia de esta naturaleza, la diferencia entre una respuesta organizada y una reacción improvisada se mide directamente en vidas humanas.

Cuando un fenómeno natural se convierte en desastre – En la administración moderna de emergencias existe un principio fundamental: los fenómenos naturales generan amenazas, pero la vulnerabilidad social e institucional determina la magnitud del desastre. Los terremotos son eventos geológicos imposibles de evitar, pero su impacto sobre la población es mitigable. Para ello se requieren códigos de construcción antisísmica estrictos, inspecciones permanentes, infraestructura crítica resiliente, educación pública, simulacros continuos, planificación territorial, equipos especializados de búsqueda y rescate, y mecanismos reales de coordinación interinstitucional.

La prevención rara vez genera titulares, pero salva vidas mucho antes de que ocurra la crisis. Un edificio construido bajo estándares sísmicos, un hospital reforzado estructuralmente, una red eléctrica protegida y una comunidad entrenada son expresiones de resiliencia nacional. La preparación no elimina el dolor de una tragedia, pero reduce drásticamente el número de víctimas, acelera la atención de los heridos y permite restablecer con mayor rapidez los servicios indispensables para la vida colectiva.

Por el contrario, cuando un país afronta una catástrofe con hospitales frágiles, redes de energía vulnerables y muy limitadas como es el caso de Venezuela, sumado a organismos de emergencia desprovistos de insumos modernos, el impacto del desastre se multiplica de forma exponencial. La catástrofe no comienza el día del sismo; se inicia años antes con la falta de mantenimiento, la ausencia de inversión, la debilidad institucional y la postergación de decisiones técnicas que impactan de forma directa en la protección de la vida.

Ante la emergencia, la población venezolana respondió con valentía, compasión y un profundo sentido comunitario: vecinos, familiares y voluntarios acudieron de inmediato a auxiliar heridos y acompañar a los damnificados. Esta respuesta espontánea merece el mayor reconocimiento; sin embargo, la buena voluntad no puede sustituir la responsabilidad institucional. Cuando los ciudadanos se ven obligados a actuar con herramientas improvisadas porque los equipos especializados no llegan a tiempo, no estamos ante una demostración de fortaleza estatal, sino ante una clara señal de desamparo estructural y una negligencia institucional.

El deber del Estado y el marco internacional de gestión de riesgos establece que todo Estado tiene la obligación primaria e irrenunciable de proteger a su población, independientemente del origen de la amenaza. La gestión del riesgo de desastres no es un asunto secundario ni una función ornamental de la administración pública; es una dimensión esencial de la seguridad humana y de la continuidad de la nación.

Venezuela, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030, el cual es el principal instrumento internacional que orienta las políticas públicas para la gestión integral del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la resiliencia nacional. Al adoptar este marco, el Estado venezolano asumió el compromiso de fortalecer sus instituciones, desarrollar capacidades nacionales y promover políticas públicas dirigidas a reducir las pérdidas humanas, económicas, sociales y ambientales ocasionadas por desastres mediante acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación.

Basado en la información pública disponible, en Venezuela durante las primeras horas posteriores a los terremotos del 24 de junio de 2026 no se observó un despliegue visible, oportuno y sostenido de estas capacidades militares especializadas, como normalmente se espera en una emergencia de gran magnitud. La experiencia internacional demuestra que la activación temprana de fuerzas de reacción inmediata, unidades de ingeniería, aviación, logística, hospitales de campaña y sistemas de comando y control constituye un factor decisivo para salvar vidas, restablecer servicios esenciales y reducir el impacto del desastre. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos nacionales de activación, coordinación interinstitucional y movilización estratégica conforme a las mejores prácticas internacionales.

Asimismo, la ausencia de evidencia pública sobre programas permanentes de certificación internacional, entrenamiento especializado en búsqueda y rescate urbano e interoperabilidad entre los organismos de respuesta plantea la necesidad de reforzar la preparación operacional del país. La capacidad de respuesta de un Estado no debe presumirse; debe demostrarse mediante capacitación continua, ejercicios conjuntos, auditorías técnicas y evaluación permanente de sus capacidades.

Posteriormente, apoyado en todo lo anterior se puede deducir que la recuperación también enfrenta desafíos adicionales derivados del deterioro de la infraestructura crítica, las limitaciones de los servicios esenciales y la migración de profesionales especializados. Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad del país y dificultan la continuidad de la atención médica, el suministro de agua potable, la estabilidad del sistema eléctrico y el restablecimiento de los servicios básicos tras un desastre de gran magnitud. Este análisis no cuestiona el compromiso de rescatistas, médicos, bomberos, voluntarios ni del personal de primera respuesta, cuyo esfuerzo ha sido fundamental; por el contrario, pone de relieve la necesidad de dotarlos de mayores recursos, mejores sistemas de coordinación y capacidades institucionales acordes con la magnitud de los riesgos que enfrentan.

La gestión moderna de desastres debe situar la seguridad humana en el centro de las políticas públicas. La fortaleza de un Estado no se mide únicamente por su capacidad militar o de control interno para someter a un pueblo, sino por su capacidad para proteger a la población, rescatar sobrevivientes, restablecer los servicios esenciales y evitar que una emergencia evolucione hacia una crisis humanitaria prolongada. De igual manera, el aprovechamiento de la información generada por la ciudadanía, mediante fotografías, videos, geolocalización y reportes en tiempo real, constituye una herramienta estratégica para mejorar la conciencia situacional, siempre que exista un sistema profesional de verificación que permita integrarla al proceso de toma de decisiones.

Ante esta realidad, resulta alentador observar el amplio apoyo solidario que la comunidad internacional ha brindado a Venezuela durante esta emergencia. La asistencia internacional constituye un componente fundamental de la respuesta humanitaria, ya que aporta recursos, personal especializado y asistencia técnica que contribuyen a aliviar el impacto inmediato del desastre. Sin embargo, dicha cooperación debe complementar, y no sustituir, las capacidades nacionales de respuesta.

Más allá de la asistencia inmediata, el mayor valor de la cooperación internacional radica en fortalecer las capacidades nacionales mediante la transferencia de conocimientos, tecnología, entrenamiento especializado, modernización de los organismos de emergencia y adopción de estándares internacionales en gestión del riesgo de desastres. En este sentido, la mejor ayuda no consiste únicamente en responder a la emergencia actual, sino en contribuir a que Venezuela desarrolle las capacidades institucionales necesarias para proteger eficazmente a su población y enfrentar con mayor preparación y resiliencia los desastres del futuro.

Asimismo, merece un reconocimiento especial la extraordinaria solidaridad demostrada por los millones de venezolanos que residen en el exterior. Como consecuencia de la prolongada crisis política, económica y social que ha provocado una de las mayores migraciones del continente, la diáspora venezolana ha respondido con un profundo sentido de compromiso y solidaridad, organizando campañas para recolectar alimentos, medicamentos, insumos médicos, equipos, artículos de primera necesidad y ayuda económica destinados a apoyar a sus compatriotas afectados por esta tragedia. Esta respuesta humanitaria refleja que, aún lejos de su país, millones de venezolanos mantienen un firme compromiso con el bienestar de sus familias y de quienes permanecen en el territorio nacional.

Los terremotos del 24 de junio de 2026 están dejando una lección profunda para Venezuela y para todos los países expuestos a amenazas sísmicas: los fenómenos naturales son inevitables, pero la magnitud de sus consecuencias depende, en gran medida, del nivel de preparación del Estado. Mientras las operaciones de búsqueda, rescate, atención humanitaria y recuperación continúan desarrollándose al momento de la publicación de este artículo, la evidencia disponible reafirma que la resiliencia nacional no se construye durante la emergencia, sino mediante inversiones sostenidas en infraestructura crítica, planificación estratégica, capacitación especializada, coordinación interinstitucional y sistemas eficaces de respuesta.

La solidaridad demostrada por el pueblo venezolano durante las primeras horas de rescate merece el mayor reconocimiento; sin embargo, el esfuerzo ciudadano no puede sustituir la responsabilidad constitucional del Estado de proteger a la población. La verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad para preservar vidas, mantener operativos los servicios esenciales y coordinar una respuesta rápida, integrada y eficaz durante las primeras horas de una emergencia.

El mejor homenaje a las víctimas no consiste únicamente en recordar esta tragedia, sino en transformar las lecciones que aún está dejando en reformas estructurales que permitan proteger con mayor eficacia a las presentes y futuras generaciones.

Sobre el autor

El Dr. Daniel R. Manrique, PhD., es experto en Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Está certificado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Apoyo de Defensa a las Autoridades Civiles. Fue Director de Operaciones del Grupo de Tarea Conjunta para el Apoyo a las Autoridades Civiles del Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM). Además, es Observador Internacional para la certificación de países en sistemas de manejo de emergencias y escritor de doctrina en Apoyo de Defensa a las Autoridades Civiles.