El Congreso de Florida, controlado por el Partido Republicano, aprobó este miércoles cuatro proyectos de ley para blindar a este estado contra las medidas federales que obligan a vacunarse contra el COVID-19 a los trabajadores.
El gobernador Ron DeSantis, republicano y apadrinado políticamente por el ex presidente Donald Trump, convocó al Congreso de Florida a una sesión legislativa especial para apuntalar el blindaje, que comenzó el lunes y concluyó este miércoles con la aprobación de los proyectos.
DeSantis, que buscará la reelección en 2022, está enfrentado al presidente demócrata Joe Biden, especialmente en lo que se refiere el manejo de la pandemia y las vacunas.
Uno de los proyectos aprobado da a DeSantis de plazo hasta el 17 de enero para delinear un plan para plantear a las autoridades federales que permitan la creación de una entidad que asuma en Florida las funciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Los medios indicaron que el proceso ante las autoridades federales para una OSHA floridana puede llevar años.
Otro de los proyectos elimina una ley que le da al cirujano general de la Florida la autoridad de establecer un mandato de vacunación en estado de emergencia.
El debate más intenso fue el del proyecto que impone más excepciones a la norma federal que obliga a las empresas privadas con más de 100 empleados a exigirles que estén vacunados.
Además de esta ofensiva en el Congreso, el gobierno de Florida interpuso el 28 de octubre una demanda contra la Administración Biden por obligar a todos los empleados y contratistas del Gobierno federal a que se vacunen contra el COVID-19 antes del 8 de diciembre. Los proyectos de ley aprobados hoy le conceden al gobernador una asignación de cinco millones de dólares para afrontar los gastos de la demanda.
El presidente del Senado de Florida, Wilton Simpson, dijo que Florida está enviando un mensaje claro de que “está con la libertad” con estas propuestas que el gobernador debe firmar antes del 24 de noviembre.
Florida es uno de los estados con más casos acumulados de COVID-19 (3,67 millones) y más de 60.000 muertes.
“Su derecho a ganarse la vida (el de los empleados) no debe depender de las inyecciones contra el COVID-19″, dijo DeSantis en un comunicado a finales de octubre pasado al anunciar esta sesión legislativa especial.
El gobernador considera que la decisión de “recibir o no una vacuna es una elección” que debe estar basada en “circunstancias individuales”, no en el mandato federal, el cual exige a las empresas de más de cien empleados la vacunación obligatoria de estos o que se les practique un test de COVID-19 semanalmente. “Vamos a dar un golpe por la libertad”, enfatizó.
