Joe Biden, negó una petición del ex presidente Donald Trump para impedir que una serie de documentos sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero lleguen a manos del comité que investiga los disturbios en el Congreso.
“El presidente determinó que una afirmación de privilegio ejecutivo no está justificada”, explicó este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.
Psaki declaró que esta decisión se refiere “al primer grupo de documentos de la Casa Blanca de Trump proporcionados por los Archivos Nacionales”, y que los documentos restantes se evaluarán “caso por caso”.
El comité que investiga el asalto al Capitolio, en el que un grupo de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpió en el edificio para intentar detener la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden, solicitó el acceso a varios registros de la Casa Blanca de aquel día. En el ataque murieron cinco personas.
El comité investiga también el papel que tuvieron el propio Donald Trump y varios de sus ayudantes y consejeros durante el asalto. Poco después de los disturbios, la red social Twitter decidió suspender la cuenta de Trump, con más de 80 millones de seguidores, después de que el mandatario la utiizara para asegurar en repetidas ocasiones que las elecciones habían sido amañadas, una acusación que ha sido refutada en numerosas ocasiones.
Los abogados de Trump habían solicitado que se aplicara una protección especial, el ‘privilegio ejecutivo’, a los documentos, lo que impediría que fueran examinados por el comité investigador.
Psaki defendió la decisión asegurando que el presidente Biden confía en que un entendimiento completo de los eventos del 6 de enero contribuirá a que no se repita nunca algo parecido.
Este viernes también el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), anunció que cancelará todos los contratos restantes para la construcción del muro en la frontera con México que fue uno de los pilares de la administración de Donald Trump.
En un comunicado, el DHS informó que utilizará el dinero actualmente asignado a ese proyecto para impulsar acciones de “planificación ambiental” y dialogará con “propietarios de tierras impactadas, las tribus, los funcionarios electos estatales y locales, y las agencias federales”.
En ese sentido, el organismo resaltó que “estas actividades no implicarán la construcción de una nueva barrera fronteriza ni la adquisición permanente de tierras”.
La decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) replica una tomada en julio, cuando cancelaron dos contratos en la zona de Loredo.
