La Cámara de Diputados de Chile aprobó la madrugada de este martes realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por las supuestas irregularidades en la venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelada en los Papeles de Pandora.
Tras una jornada maratoniana de casi 24 horas los diputados resolvieron, por 78 votos a favor y 67 en contra y 3 abstenciones, que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado por los Papeles de Pandora.
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa ante el plenario y enfatizó: «Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional».
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente Piñera —quien está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018—, fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición socialista y de izquierda al Gobierno.
El debate empezó a las 10H25 de la mañana del lunes por el diputado socialista Jaime Naranjo, quien leyó durante 15 horas 1.300 páginas para argumentar la acción legislativa contra el mandatario y para que en Chile «se termine la impunidad» de quienes tienen poder.
Esta fue una de las frases más escuchadas y su contenido tiene un enorme eco en este país tras la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar que en el caso de Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: «Actuando como Presidente se benefició (a él) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga», sostuvo sobre la operación realizada en 2010, cuando el mandatario asumía su primer Gobierno.
Ahora, la acusación contra el mandatario pasa a la Cámara de Senadores, que actuaría como jurado para sellar el futuro de Piñera, aunque en esta instancia no contaría con los votos necesarios para destituirlo e inhabilitarlo de por vida para acceder a cargos públicos.
La acusación se votará en la Cámara Alta apenas unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente.
A diferencia de lo que sucede cuando se abre un juicio político a otras autoridades, en el caso del presidente, este no queda suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso, pero no podrá ausentarse del país sin acuerdo del Parlamento.
