El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes por la noche una legislación que apunta a aumentar fuertemente la presión diplomática sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, acusado de represión y encarcelamiento de opositores antes de las elecciones del 7 de noviembre.
El proyecto de Ley RENACER (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), ya adoptado por el pleno del Senado en agosto, fue aprobado ahora con enmiendas técnicas para poder ser considerado de forma rápida por la Cámara de Representantes y promulgado en los próximos días.
«Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina», dijo el senador demócrata Bob Menéndez, quien ha denunciado ya a los gobiernos de Cuba y Venezuela.
La norma, impulsada por Menéndez y el senador republicano Marco Rubio, prevé aumentar, en coordinación con Canadá y la Unión Europea, las sanciones de Estados Unidos contra «actores clave del régimen de Ortega».
Además, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y pide revisar la participación de Nicaragua en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua.
«La Ley RENACER solidificará (…) nuestra visión absoluta de que Daniel Ortega y (su esposa y vicepresidenta), Rosario Murillo, no tendrán ningún derecho legítimo al poder después de la pseudo-coronación de su dictadura dinástica la próxima semana», señaló Menéndez en un comunicado.
Hace un mes, Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, estuvo entre la quincena de senadores demócratas y republicanos que urgieron al gobierno de Joe Biden a aplicar contra Ortega el arsenal de medidas punitivas previstas en la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, la NICA Act, y el proyecto de ley RENACER.
También pidieron considerar ilegítimos los próximos comicios, así como evaluar suspender a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, señaló el jueves pasado que los comicios en Nicaragua buscan perpetuar el mandato de Ortega, en el poder desde 2007. La CIDH denunció «impunidad estructural» y «crímenes de lesa humanidad» en el país centroamericano y dijo que las condiciones actuales «hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre».
Cerca de una treintena de funcionarios y familiares de Ortega, incluida Murillo, ya fueron sancionados en los últimos tres años por Estados Unidos en virtud de la Ley Magnitski. Además, Washington impuso restricciones de visado a una veintena de funcionarios nicaragüenses a los que acusa de ser cómplices de la represión estatal.
