El veto casi total al aborto en Texas, el más restrictivo de Estados Unidos, centrará este lunes dos audiencias del Tribunal Supremo estadounidense, mientras los activistas advierten del profundo impacto que está teniendo en las mujeres del estado.
Dos meses después de que entrara en vigor, el Supremo examinará la polémica ley de Texas, que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.
Pero el máximo tribunal, de mayoría conservadora, no entrará a juzgar la constitucionalidad de la medida, que contradice expresamente la jurisprudencia del propio Supremo sobre las circunstancias en las que el aborto es legal en EE.UU.
En cambio, el Supremo estudiará si el Gobierno del presidente Joe Biden tenía derecho a demandar al estado de Texas por el veto, algo que hizo en septiembre; y en una audiencia separada, evaluará el inédito mecanismo de implementación de la ley.
La legislación permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar en caso de que crean que están infringiendo la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Fue ese vacío legal el que permitió que la ley -conocida como S.B.8- entrara en vigor con el beneplácito del Tribunal Supremo, a pesar de que viola la decisión de esa misma corte que legalizó el aborto en todo Estados Unidos en 1973, conocida como «Roe versus Wade».
El veto de Texas también contradice otra decisión del Supremo, llamada «Planned Parenthood versus Casey» y que desde 1992 permite a los estados de EE.UU. imponer restricciones al aborto, pero solo a partir del momento en el que el feto puede sobrevivir fuera del vientre materno, alrededor de las 24 semanas.
El Supremo escuchará en primer lugar, a las 10:00 (14:00 GMT), los argumentos de una demanda contra el veto de Texas que han presentado los proveedores de aborto en el estado; y una hora más tarde estudiará la denuncia presentada por el Departamento de Justicia.
La corte ha aceptado tramitar ambos casos con carácter de urgencia, y las audiencias tendrán lugar solo diez días después de que el Supremo accediera a intervenir.
Esa rapidez inusitada apunta a que el tribunal podría tomar una decisión sobre el tema relativamente pronto, en lugar de dilatarla durante meses como acostumbra a hacer, según expertos en el funcionamiento de la corte.
Quienes defienden el derecho a abortar temen que el Supremo elimine el año que viene la decisión de 1973 que lo garantiza en EE.UU., pero lo más probable es que no sea debido a las demandas contra el veto de Texas, sino como consecuencia de otro caso que el tribunal estudiará el próximo 1 de diciembre.
Ese día el Supremo escuchará argumentos sobre una ley de Misisipi que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación en ese estado, el más pobre del país y donde solo queda una única clínica que ofrece ese servicio médico.
La máxima corte de EE.UU. decidirá sobre el tema antes de julio de 2022 y, si derogara «Roe versus Wade», cada territorio de EE.UU. sería libre de prohibir o permitir el aborto a su antojo.
Se espera que, en ese caso, más de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetarlo, lo que supondría que alrededor de la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso al aborto en el territorio donde viven.
Echarse a la carretera para poder abortar ya es la realidad desde hace años para miles de mujeres en estados conservadores, entre ellos Texas, donde muchas clínicas han cerrado en la última década debido a una legislación estatal que complicaba cada vez más su operación.
Esa tendencia se ha agudizado desde que entró en vigor el nuevo veto en Texas: las clínicas de la organización Planned Parenthood en Oklahoma recibieron un 133 % más de pacientes procedentes de ese estado en septiembre, y las de Nuevo México, un 67 % más.
Mientras, en Texas, el número de abortos practicados de forma legal bajó el 50 % en septiembre comparado con el mismo mes de 2020, según un estudio publicado este viernes por la Universidad de Texas en Austin.
«La gente está viniendo (a las clínicas) antes de tener un test de embarazo positivo, o antes de que podamos ver nada en una ecografía, porque tienen mucho miedo (de no llegar a tiempo para abortar)», afirmó Amy Hagstrom Miller la directora ejecutiva de la organización Whole Woman’s Health, que tiene cuatro clínicas en Texas, al diario The New York Times.
Para las mujeres pobres -la mayoría de las que intentan abortar en EE.UU.- no es una opción trasladarse a otro estado; y tampoco lo es para aquellas indocumentadas que viven en el texano valle del Río Grande, porque hay garitas de la Patrulla Fronteriza a hasta 100 millas de la frontera con México.
