El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio presentó sus documentos para participar en un nuevo proceso de selección. Su eventual incorporación abre el debate sobre el regreso de los magistrados legítimos y la reconstrucción institucional del país.
Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, anunció este 6 de noviembre de 2026 que presentó formalmente su postulación para ocupar un cargo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que opera dentro del país. La solicitud fue presentada junto con la de otros magistrados, en un movimiento que podría tener implicaciones más allá de sus aspiraciones individuales.
Hoy 6 de noviembre de 2026 presenté formalmente mis documentos para postularme al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela juntos con otros compañeros magistrados.
La decisión resulta especialmente significativa porque Marval sostiene que su designación original, realizada en 2017 mediante el procedimiento constitucional correspondiente y por un período de doce años, conserva su legitimidad jurídica. Su nueva postulación plantea, por tanto, una pregunta de mayor alcance: ¿podría el eventual regreso de los magistrados designados legítimamente en el exilio contribuir a reunificar el sistema judicial venezolano?
Una nueva postulación sin renunciar a su designación original
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Marval confirmó que entregó la documentación necesaria para participar en el proceso de selección de nuevos magistrados del TSJ.
El jurista explicó que su decisión responde a la trascendencia institucional del momento que atraviesa Venezuela y a la necesidad de recuperar la independencia judicial, la autonomía de los poderes públicos y la vigencia efectiva del Estado de Derecho.
Sin embargo, también fue cuidadoso en establecer que su participación no supone desconocer la designación que recibió en 2017, cuando fue nombrado para un período constitucional de doce años.
Marval manifestó su expectativa de que el proceso de selección se desarrolle bajo condiciones de igualdad, transparencia, objetividad y equidad. En particular, solicitó que los aspirantes que se encuentran fuera del territorio venezolano puedan realizar las entrevistas correspondientes mediante plataformas telemáticas, una alternativa que también facilitaría la participación de candidatos ubicados en regiones distantes del país.
Su planteamiento introduce un elemento relevante: la posibilidad de que los magistrados que permanecen en el exilio puedan reincorporarse a la estructura judicial venezolana sin que su ubicación geográfica se convierta en un impedimento para participar en los procesos institucionales.
El regreso de los magistrados en el exilio y la oportunidad de reconstruir la justicia
La situación de los magistrados venezolanos designados en 2017 constituye una de las expresiones más visibles de la ruptura institucional que ha experimentado el país. Su salida del territorio nacional y la existencia de estructuras judiciales paralelas han contribuido a profundizar las dificultades para recuperar la independencia y credibilidad del sistema de justicia.
En este contexto, una eventual reincorporación de estos magistrados a sus funciones dentro de Venezuela podría representar una oportunidad para avanzar hacia la normalización institucional.
Más allá de las diferencias políticas, el regreso de profesionales que ya cuentan con experiencia en la administración de justicia y antecedentes de designación constitucional podría aportar varios elementos importantes:
- Recuperación de la continuidad constitucional.
La reincorporación de magistrados cuya designación original se realizó mediante procedimientos constitucionales podría contribuir a restablecer la continuidad institucional interrumpida durante la crisis judicial venezolana. También permitiría abordar la transición desde una perspectiva jurídica, en lugar de limitarla exclusivamente a un cambio de autoridades. - Experiencia y capacidad institucional.
Un sistema judicial no se reconstruye únicamente mediante nuevos nombramientos. También necesita profesionales con experiencia, conocimiento de la estructura del Estado y capacidad para administrar procesos complejos. El regreso de magistrados que ya desempeñaron estas funciones podría facilitar la recuperación de conocimientos y experiencia institucional. - Mayor confianza en la independencia judicial.
La credibilidad de los tribunales depende, en buena medida, de la percepción de autonomía de sus integrantes. La incorporación de magistrados cuya trayectoria estuvo marcada por su oposición a la ruptura del orden constitucional podría contribuir a generar confianza entre sectores de la sociedad que actualmente cuestionan la independencia del poder judicial. - Una transición institucional menos fragmentada.
La coexistencia de estructuras judiciales con diferentes fundamentos de legitimidad representa un obstáculo para la estabilidad jurídica. Una eventual reunificación permitiría trabajar hacia una estructura institucional reconocida y funcional, reduciendo la fragmentación y facilitando la recuperación de la administración de justicia.
El desafío de integrar dos realidades judiciales
La posibilidad de reincorporar a los magistrados en el exilio también plantea importantes desafíos.
No bastaría con permitir su participación en un proceso de selección o concederles nuevamente cargos dentro de los tribunales. Una verdadera reconstrucción judicial requeriría garantías de independencia, seguridad personal, respeto a los procedimientos constitucionales y condiciones que impidan que las decisiones judiciales vuelvan a estar subordinadas a intereses políticos.
También sería necesario abordar la situación de las decisiones emitidas por las distintas estructuras judiciales durante los años de confrontación institucional. La recuperación de la seguridad jurídica exigiría mecanismos para revisar, reconocer o cuestionar esas decisiones conforme a procedimientos transparentes y garantías de debido proceso.
En otras palabras, la reunificación del sistema judicial no debería convertirse simplemente en una sustitución de magistrados, sino en una oportunidad para establecer reglas institucionales que impidan repetir las circunstancias que llevaron a su fragmentación.
Una postulación con implicaciones que van más allá de un cargo
La decisión de Antonio Marval representa un movimiento que merece atención por sus posibles consecuencias institucionales. Su disposición a participar en un nuevo proceso de selección, sin desconocer la legitimidad que atribuye a su designación original, refleja una posición que busca mantener abiertas las posibilidades de reintegración judicial.
Todavía no se conoce el resultado de su postulación ni si las condiciones del proceso permitirán la participación efectiva de los magistrados que permanecen fuera de Venezuela. Tampoco puede asumirse que esta iniciativa represente, por sí sola, un acuerdo institucional para reunificar el sistema judicial.
Sin embargo, el planteamiento abre una posibilidad importante para el futuro del país: que la recuperación de las instituciones venezolanas pueda apoyarse también en el regreso de quienes fueron apartados de ellas durante la crisis política.
La reconstrucción del Estado de Derecho necesitará mucho más que nuevos nombramientos. Pero recuperar la continuidad constitucional, aprovechar la experiencia de los magistrados legítimamente designados y restablecer la independencia judicial podrían ser pasos relevantes para que Venezuela vuelva a contar con un sistema de justicia capaz de actuar en nombre de la Constitución y de todos sus ciudadanos.
