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La Asamblea Nacional aprobó una reforma que permite incorporar empresas privadas y mixtas a distintas actividades del sistema eléctrico, con concesiones de hasta 25 años y un nuevo esquema tarifario. La medida podría abrir oportunidades para compañías internacionales de generación, infraestructura y tecnología energética, en medio de la recuperación económica y petrolera del país.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 10 de noviembre de 2026, por unanimidad, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La iniciativa modifica las reglas de participación empresarial en un sector que permaneció bajo control estatal durante casi dos décadas y que actualmente enfrenta importantes problemas de generación, transmisión y distribución.
La decisión forma parte de una serie de modificaciones económicas impulsadas por el Gobierno de Delcy Rodríguez desde los acontecimientos políticos de enero de 2026, que incluyeron la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la posterior instalación de un gobierno interino.
El cambio legislativo busca atraer capital privado y extranjero para recuperar la infraestructura eléctrica, ampliar la capacidad de generación y mejorar la continuidad del suministro. También tiene una relación directa con la reactivación de la industria petrolera, cuyas operaciones requieren grandes cantidades de energía y no pueden depender de un sistema eléctrico sometido a interrupciones frecuentes.
Sin embargo, la apertura no supone la transferencia completa del sistema al sector privado. El Estado conservará funciones estratégicas y la responsabilidad de garantizar el servicio público, mientras establece nuevas condiciones para la participación de operadores privados.
Situación legislativa al 11 de noviembre de 2026: reforma sancionada por la Asamblea Nacional, pendiente de promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.
La infraestructura eléctrica venezolana arrastra años de deterioro, falta de mantenimiento e insuficiencia de inversiones. Aunque el país cuenta con una importante capacidad instalada, buena parte de ella no está disponible para atender la demanda.
Reuters reportó que menos del 40% de la capacidad de generación se encontraba operativa, mientras los apagones prolongados continuaban afectando a hogares, industrias, agricultura y servicios esenciales.
La situación es particularmente relevante para las regiones industriales y petroleras del occidente venezolano, donde las interrupciones eléctricas representan un obstáculo para recuperar la actividad productiva.
La reforma busca cambiar las condiciones que históricamente limitaron la entrada de nuevos operadores. El modelo anterior, consolidado con la nacionalización del sector durante el Gobierno de Hugo Chávez y la legislación de 2010, concentraba las actividades eléctricas en el Estado, principalmente a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
El nuevo marco permite que empresas estatales, mixtas y privadas participen en diferentes actividades del sector, bajo mecanismos de habilitación, autorización y concesión.
La iniciativa también coincide con la apertura del sector de hidrocarburos y con nuevos acuerdos entre PDVSA y compañías internacionales. Uno de los acontecimientos más recientes fue la firma de un memorándum de entendimiento entre PDVSA y ExxonMobil el 9 de noviembre, destinado a evaluar oportunidades de exploración y producción petrolera.
Aunque ambos procesos legislativos y comerciales son independientes, su coincidencia refleja una estrategia más amplia de apertura a la inversión energética.
La reforma modifica 31 artículos de la legislación vigente e incorpora 11 nuevos, mediante un proyecto compuesto por 42 artículos modificatorios. La versión reformada de la ley comprende 119 artículos Entre sus principales cambios destacan los siguientes:
Uno de los cambios más significativos es la apertura de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad a empresas privadas y mixtas, además de los operadores estatales.
Las compañías podrán participar mediante habilitaciones y concesiones que, según la reforma aprobada, podrán alcanzar un máximo de 25 años.
Esto permite desarrollar proyectos propios de generación, establecer acuerdos con operadores públicos y ofrecer suministro eléctrico directamente a determinados consumidores, particularmente industrias y grandes establecimientos comerciales.
No obstante, la apertura no elimina el papel del Estado. Se mantienen bajo control público componentes estratégicos, como las principales instalaciones hidroeléctricas, las redes troncales de transmisión y la coordinación central del sistema eléctrico.
La reforma introduce disposiciones específicas para las actividades primarias de hidrocarburos.
Las empresas petroleras deberán garantizar un suministro continuo, regular, confiable y suficiente para sus operaciones mediante sistemas de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros.
La medida busca reducir la dependencia de las operaciones petroleras respecto al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), especialmente en regiones donde los apagones representan un riesgo operativo considerable.
También se contempla que las empresas petroleras y las sociedades independientes de generación puedan producir electricidad para sus redes internas sin solicitar autorización estatal, siempre que no se interconecten al sistema nacional. Las conexiones externas deberán cumplir las condiciones técnicas y regulatorias correspondientes.
Otro cambio importante es la modificación del modelo de tarifas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que las tarifas estarán indexadas al tipo de cambio correspondiente a la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Actualmente, esa referencia es el euro.
La medida busca establecer una relación más cercana entre los ingresos del servicio eléctrico y sus costos operativos, facilitando la sostenibilidad financiera de los nuevos operadores.
Sin embargo, la indexación no significa necesariamente que todas las facturas deban pagarse directamente en euros. Se trata de una referencia cambiaria para calcular las tarifas.
El nuevo esquema también contempla subsidios dirigidos a usuarios que no tengan capacidad económica para cubrir el costo pleno del servicio. Según Rodríguez, estos mecanismos deberán desarrollarse mediante la reglamentación correspondiente y se financiarán, entre otros mecanismos, con los aportes de los sectores industriales y comerciales.
La reforma contempla la creación de una Superintendencia del Sistema Eléctrico, que tendrá funciones de supervisión y regulación de las actividades del sector.
Entre sus responsabilidades estarán la administración del nuevo esquema tarifario, la fiscalización de los operadores, el seguimiento de la calidad del servicio y la aplicación de sanciones por incumplimientos.
El objetivo es establecer reglas comunes para los nuevos participantes y evitar que la apertura empresarial genere problemas adicionales para la red pública.
La normativa también contempla mecanismos para resolver controversias entre las partes, incluyendo mediación y arbitraje, además de los procedimientos ante los tribunales venezolanos.
La reforma incorpora mecanismos para promover la diversificación de las fuentes de generación, incluyendo proyectos solares y eólicos.
También establece un marco para regular los intercambios internacionales de energía eléctrica, lo que abre la posibilidad de desarrollar nuevos esquemas de cooperación energética con países vecinos.
En paralelo, incorpora mecanismos de participación de usuarios y comunidades en asuntos relacionados con el diagnóstico, la supervisión y el funcionamiento del servicio.
Estas disposiciones buscan ampliar las alternativas de suministro y mejorar la gestión del sistema, aunque su implementación dependerá de las regulaciones técnicas y comerciales que se desarrollen posteriormente.
La reforma modifica el modelo de participación empresarial, los mecanismos de financiamiento y la relación entre los consumidores y los proveedores de electricidad.
Estas son las principales diferencias frente al marco que predominó desde la nacionalización del sector:
| Aspecto | Modelo anterior | Nuevo modelo |
|---|---|---|
| Participación privada | Predominio estatal y participación privada muy limitada. | Incorporación de empresas privadas y mixtas mediante habilitaciones y concesiones. |
| Generación eléctrica | Dependencia de instalaciones y operadores estatales. | Nuevos proyectos privados, generación independiente y autogeneración. |
| Transmisión y distribución | Gestión concentrada en el sistema público. | Posibilidad de participación privada bajo autorizaciones y concesiones, con reservas estratégicas para el Estado. |
| Empresas petroleras | Dependencia importante del SEN, con sistemas propios de respaldo. | Obligación de garantizar autonomía operativa mediante autogeneración, cogeneración o contratos con terceros. |
| Tarifas | Tarifas reguladas y fuertemente subsidiadas, con escasa recuperación de costos. | Indexación al tipo de cambio de mayor valor del BCV y mecanismos de subsidio dirigidos. |
| Inversiones | Financiamiento principalmente público, con importantes limitaciones de recursos. | Apertura a capital privado nacional y extranjero, con concesiones de hasta 25 años. |
| Regulación | Control estatal centralizado. | Nueva Superintendencia con atribuciones de supervisión, regulación tarifaria y sanciones. |
| Infraestructura | Predominio de activos estatales. | Posibilidad de construir infraestructura propia y operar activos mediante concesiones, bajo condiciones de reversión cuando corresponda. |
| Energías alternativas | Desarrollo limitado frente al predominio hidroeléctrico y térmico. | Mayor apertura a proyectos solares, eólicos y otras fuentes de generación. |
| Comercio energético | Dependencia del sistema nacional. | Marco legal para intercambios internacionales de electricidad. |
En términos generales, Venezuela pasa de un modelo de predominio estatal a uno de participación compartida, en el que las empresas privadas pueden asumir funciones de generación y prestación de servicios eléctricos sin que el Estado abandone su responsabilidad sobre el sistema.
La diferencia más importante no es solamente quién puede producir electricidad, sino quién puede financiar, construir, operar y comercializar nuevos proyectos energéticos.
La apertura del sector eléctrico venezolano podría generar oportunidades para empresas de diferentes segmentos de la industria energética. Algunas podrían beneficiarse directamente de las nuevas concesiones, mientras otras encontrarían oportunidades en la provisión de tecnología, infraestructura, servicios industriales y financiamiento.
El tamaño del desafío es considerable. En marzo de 2026, un análisis publicado por Banca y Negocios, basado en estimaciones atribuidas a Siemens Energy y General Electric, situó entre US$15.000 millones y US$40.000 millones la inversión necesaria para estabilizar el sistema eléctrico venezolano.
El mismo análisis estimó que una recuperación integral podría tomar entre cinco y 15 años. Estas cifras deben entenderse como estimaciones de necesidades de inversión, no como proyectos aprobados ni capital comprometido.
La primera oportunidad está en la construcción y operación de nuevas instalaciones de generación eléctrica.
Las empresas especializadas en centrales térmicas, turbinas de gas, generación distribuida, plantas solares y parques eólicos podrían encontrar un mercado con necesidades importantes de capacidad adicional.
La posibilidad de establecer concesiones de hasta 25 años permite contemplar horizontes de operación más largos, algo relevante para proyectos que requieren inversiones iniciales elevadas y períodos prolongados de recuperación.
También podría crecer la demanda de soluciones híbridas que combinen generación convencional, energía solar y almacenamiento mediante baterías.
Este segmento podría atraer tanto a grandes compañías eléctricas internacionales como a productores independientes de energía (IPP), desarrolladores regionales y fondos especializados en infraestructura.
La generación adicional no será suficiente si la infraestructura existente no puede transportar y distribuir esa electricidad de manera confiable.
Venezuela necesita recuperar subestaciones, transformadores, líneas de transmisión, sistemas de protección, equipos de control y redes de distribución.
Esto representa oportunidades para fabricantes de equipos eléctricos, compañías de ingeniería, construcción industrial y proveedores de soluciones de automatización.
También existe potencial para tecnologías de redes inteligentes (smart grids), medición avanzada, supervisión remota y sistemas de detección de fallas.
Este segmento podría ser especialmente relevante porque una parte importante de las inversiones deberá destinarse a recuperar instalaciones existentes, no solamente a construir nuevas centrales.
Sin embargo, debe distinguirse entre la posibilidad legal de participar en estas actividades y la capacidad efectiva de obtener contratos, permisos y acceso a las redes públicas.
Este podría ser uno de los mercados con mayor potencial a corto y mediano plazo.
La obligación de garantizar autonomía energética para las operaciones primarias de hidrocarburos crea una demanda concreta de soluciones de generación independientes.
Las compañías petroleras necesitan electricidad para instalaciones de extracción, procesamiento, bombeo, compresión, transporte y tratamiento de hidrocarburos.
Esto puede traducirse en oportunidades para empresas que suministren turbinas, generadores, sistemas de cogeneración, infraestructura eléctrica modular, mantenimiento industrial y contratos de suministro de energía.
También podría beneficiar a compañías especializadas en generación bajo esquemas de servicio, donde el proveedor financia, construye y opera una instalación a cambio de pagos contractuales por la energía suministrada.
La posibilidad de establecer sociedades dedicadas exclusivamente a generar electricidad para instalaciones petroleras amplía este mercado.
En otras palabras, no todas las oportunidades requerirán convertirse en operadores eléctricos nacionales. Algunas empresas podrán especializarse en atender directamente las necesidades energéticas de los productores de petróleo y gas.
La incorporación de fuentes renovables puede abrir oportunidades para compañías de energía solar, eólica y almacenamiento.
La generación distribuida resulta particularmente interesante en un país donde numerosas instalaciones industriales necesitan reducir su dependencia de una red eléctrica inestable.
Los sistemas solares combinados con baterías podrían ofrecer alternativas para instalaciones comerciales, centros logísticos, complejos industriales y operaciones petroleras.
Además, el almacenamiento energético puede ayudar a compensar las variaciones de generación renovable y proporcionar respaldo durante interrupciones del suministro.
No obstante, la recuperación de la infraestructura convencional seguirá siendo prioritaria. Las renovables difícilmente resolverán por sí solas el déficit de generación y los problemas estructurales de transmisión del país.
Una parte importante de la oportunidad comercial podría encontrarse en actividades menos visibles que la construcción de nuevas centrales.
El deterioro acumulado del sistema genera necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, rehabilitación de equipos, actualización de sistemas de control, inspección técnica, ingeniería eléctrica y capacitación de personal.
Las empresas internacionales con experiencia en recuperación de infraestructura energética podrían encontrar oportunidades mediante contratos con operadores públicos, empresas privadas, sociedades mixtas y nuevos desarrolladores.
También podrían participar proveedores de software industrial, ciberseguridad para infraestructuras críticas, sistemas de medición y gestión de demanda.
En este contexto, la recuperación del sistema eléctrico podría convertirse en un mercado de servicios de largo plazo, incluso después de que aumente la capacidad de generación.
El financiamiento será uno de los factores determinantes para que la reforma produzca resultados.
Las necesidades de inversión superan ampliamente la capacidad financiera que actualmente puede aportar el Estado venezolano. Por ello, podrían surgir oportunidades para fondos de infraestructura, bancos de inversión, instituciones multilaterales, aseguradoras de riesgo político y vehículos de financiamiento de proyectos.
Los contratos de concesión, los acuerdos de suministro a largo plazo y los esquemas de generación independiente podrían facilitar estructuras de financiación basadas en los ingresos futuros de cada proyecto.
Sin embargo, la disponibilidad de capital dependerá de la capacidad de los inversionistas para evaluar los riesgos regulatorios, políticos, cambiarios y comerciales.
En este sentido, la posibilidad de recurrir a mediación y arbitraje constituye una señal relevante, aunque su valor práctico dependerá de la independencia, previsibilidad y capacidad de ejecución de los mecanismos de resolución de controversias.
La reforma crea nuevas posibilidades comerciales, pero existen varios factores que podrían limitar su implementación y la velocidad con la que se materialicen las inversiones.
Seguridad jurídica y estabilidad institucional. Los inversionistas necesitan garantías sobre la continuidad de los contratos, la propiedad de los activos, los mecanismos de resolución de controversias y la protección frente a cambios regulatorios. La historia de nacionalizaciones y disputas con empresas extranjeras sigue siendo un antecedente relevante.
Capacidad financiera del Estado. La apertura privada no elimina la necesidad de inversión pública. Las redes troncales, las grandes instalaciones hidroeléctricas y otros componentes estratégicos requieren recursos que difícilmente podrán ser sustituidos exclusivamente por proyectos privados.
Reuters ha señalado que Venezuela todavía enfrenta dificultades para garantizar los pagos a proveedores necesarios para recuperar la infraestructura eléctrica. También ha informado sobre atrasos superiores a US$2.000 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, un factor que ilustra las limitaciones financieras del país.
Riesgo cambiario y recuperación de capital. La indexación de tarifas podría mejorar la previsibilidad de los ingresos, pero será necesario conocer cómo se aplicarán los ajustes, cómo se cobrarán los servicios y qué mecanismos garantizarán los pagos de los consumidores.
Infraestructura y capacidad operativa. Incluso con nuevos generadores, las deficiencias en transmisión y distribución pueden impedir que la electricidad llegue a los consumidores. La recuperación del sistema requiere inversiones coordinadas y no solamente nuevas centrales.
Entorno geopolítico y sanciones internacionales. Las operaciones de empresas estadounidenses y de otros países también están condicionadas por las autorizaciones y restricciones aplicables a las transacciones con Venezuela. Los cambios legislativos nacionales no eliminan automáticamente esas obligaciones internacionales.
En consecuencia, las oportunidades más inmediatas podrían concentrarse en proyectos industriales y de autogeneración, mientras que las inversiones de gran escala en infraestructura nacional dependerán de condiciones financieras, regulatorias y políticas más exigentes.
La apertura del sector eléctrico venezolano tiene implicaciones que trascienden sus fronteras.
En primer lugar, la recuperación de la infraestructura energética podría facilitar la reactivación de una industria petrolera que necesita incrementar su producción para aprovechar sus enormes reservas de hidrocarburos.
Esto podría generar una demanda adicional de equipos, servicios y tecnología de empresas internacionales, además de oportunidades para proveedores regionales de ingeniería, construcción, logística y mantenimiento.
En segundo lugar, la posibilidad de establecer intercambios internacionales de electricidad podría abrir nuevas alternativas de integración energética con países vecinos. Colombia, Brasil y otros mercados sudamericanos podrían encontrar oportunidades de cooperación comercial y técnica, aunque esto dependerá de la infraestructura disponible, los acuerdos bilaterales y la regulación de cada país.
También existe una oportunidad para que empresas latinoamericanas participen en proyectos de generación distribuida, energías renovables y servicios industriales, sin necesidad de competir directamente por las grandes concesiones nacionales.
Desde una perspectiva global, Venezuela podría convertirse progresivamente en un nuevo destino para capital especializado en infraestructura energética, particularmente si consigue demostrar que puede ofrecer condiciones contractuales y financieras suficientemente estables.
No obstante, el tamaño de sus reservas petroleras y sus necesidades eléctricas no deben confundirse con una garantía de rentabilidad. La disponibilidad de recursos naturales no sustituye la seguridad jurídica, la infraestructura funcional ni la capacidad de pago.
La reforma eléctrica constituye un paso importante en la transformación económica de Venezuela. Su principal aporte es establecer un marco legal que permite incorporar nuevos operadores, atraer capital privado y desarrollar proyectos que anteriormente estaban restringidos por el modelo de control estatal.
Para las empresas internacionales, la oportunidad no se limita a producir electricidad. La recuperación del sistema puede generar demanda durante años en segmentos como ingeniería, infraestructura, generación distribuida, almacenamiento, automatización y servicios para la industria petrolera.
Sin embargo, el verdadero alcance de esta transformación dependerá de lo que ocurra después de la aprobación legislativa: la promulgación de la ley, la publicación de su texto definitivo, la reglamentación de las actividades, la adjudicación de concesiones y, sobre todo, la ejecución de contratos respaldados por garantías efectivas.
Venezuela está abriendo la puerta a una nueva etapa de inversión energética, pero todavía debe demostrar que puede convertir esa apertura legislativa en oportunidades comerciales sostenibles. Para las compañías regionales y globales, este podría ser el momento de evaluar el mercado, identificar socios y preparar proyectos, sin confundir el potencial de negocio con compromisos de inversión que todavía no existen.
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