El exmandatario, acusado de amenazar testigos y recibir sobornos, promete apelar la sentencia mientras el caso despierta polémicas nacionales e internacionales.
El expresidente colombiano Alvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por cargos de amenaza a testigos y sobornos. La juez Sandra Liliana Heredia ordenó que el exgobernante, de 73 años, pase a su residencia en Rionegro (Antioquia) para cumplir la medida. Además, se le impuso una multa de 3.400 millones COP (al rededor de 830.000 USD al momento de la condena) y una prohibición de ejercer cargos públicos durante 100 meses.
La sentencia culmina un proceso legal que ha durado casi 13 años y marca el primer caso en el que un expresidente colombiano es juzgado por delitos penales. Uribe, quien niega cualquier responsabilidad, prometió apelar la decisión, alegando falta de evidencia.
El juicio trajo al presente el papel de Uribe durante la prolongada guerra interna del país, que involucró a fuerzas armadas gubernamentales, paramilitares de derecha, grupos rebeldes de izquierda y carteles narcotraficantes.
Durante su mandato (2002-2010), Uribe impulsó una ofensiva dura contra las FARC, el grupo rebelde más grande del país. Sin embargo, su gestión fue criticada por supuestos abusos a los derechos humanos, acusaciones que él mismo ha rechazado.
Entre 2006 y 2010, se investigaron más de 6,400 casos relacionados con los mal llamados «Falsos Positivos», en donde militares fueron condenados de secuestrar y asesinar civiles para aumentar las cifras de bajas enemigas y así recibir reconocimientos económicos. Aunque no está claro si Uribe tuvo conocimiento directo de estos crímenes, su defensa ha señalado que el caso se basa en «testimonios sesgados».
El conflicto judicial contra Uribe comenzó cuando el senador izquierdista Ivan Cepeda investigó sus vínculos con grupos paramilitares, incluyendo al Bloque Metro. En 2012, Uribe presentó una demanda de difamación contra Cepeda por acusaciones que vinculaban su ascenso político a la creación de grupos al margen de la ley.
La dinámica cambió en 2018 cuando el Tribunal Supremo decidió investigar a Uribe en lugar de al senador, acusándolo de intentar influir en los testigos. Según documentos judiciales, sus abogados habrían ofrecido dinero a exparamilitares para que modificaran su testimonio, un cargo que el exmandatario ha rechazado categóricamente.
En la audiencia de sentencia, Heredia destacó que «existe evidencia suficiente» de que Uribe buscó cambiar la narrativa de testigos clave. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia, especialmente en el contexto internacional.
La condena ha provocado rechazo entre figuras como Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., quien defendió a Uribe en redes sociales:
«El único delito de Uribe ha sido luchar por su patria. La judicialización de líderes políticos extranjeros es un precedente preocupante».
Por el contrario, diputados demócratas como Jim McGovern criticaron la postura estadounidense:
«Apoyar la impunidad de un fuerte hombre de estado en nombre del partido político es vergonzoso».
En Colombia, el caso ha generado debate sobre la justicia política y la independencia de las instituciones. Mientras tanto, Uribe se prepara para apelar la sentencia, cuestionando la neutralidad del sistema judicial.
La condena llega menos de un año antes de las elecciones presidenciales en Colombia (mayo 2026), poniendo en duda su capacidad para participar activamente en la política. Aunque Uribe ha asegurado que no se rendirá, el caso refleja una tensión creciente entre autoridades y grupos de poder en un país con una historia marcada por conflictos y divisiones profundas.
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