El 16 de noviembre, Ecuador puso a prueba el mandato del presidente Daniel Noboa mediante una consulta constitucional que abordaba cuatro propuestas.
Los resultados preliminares muestran una clara victoria del rechazo: las cuatro preguntas recibieron entre 55 % y 62 % de votos “No”. Este desenlace marca un punto de inflexión para la agenda de seguridad y reformas institucionales que el mandatario había impulsado desde su llegada al poder.
¿Cómo surgió el referéndum?
La crisis de seguridad que estalló en octubre de 2023 (—)con la fuga de líderes narcotraficantes y ataques a prisiones) obligó al presidente Guillermo Lasso a disolver la Asamblea Nacional. Cuando Noboa asumió como mandatario interino en noviembre, declaró un “conflicto armado interno” y desplegó fuerzas militares en las calles.
En enero de 2024, el nuevo jefe del Estado presentó al Congreso una serie de reformas sobre extradición, uso de armas incautadas por la Fuerza Pública y otras medidas que buscaban reforzar la lucha contra el narcotráfico. La oposición, influida por la tradición correísta, bloqueó la mayoría de ellas.
El 21 de abril de 2024 se celebró una primera consulta popular sobre seguridad: Noboa ganó en nueve de las once preguntas, lo que le dio legitimidad para continuar con su “mano dura”. Sin embargo, el país seguía registrando cerca de 39 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Con la reelección de Noboa en noviembre de 2025 y una agenda que incluía bases militares extranjeras, reducción del número de asambleístas y convocatoria a una Asamblea Constituyente, se lanzó el referéndum. La Corte Constitucional aprobó las cuatro preguntas finales antes de fijar la fecha del 16 de noviembre.
¿Qué preguntó la papeleta del 16 de noviembre?
El día de las elecciones se presentó una hoja con cuatro casilleros verticales, cada uno correspondía a una pregunta distinta. La idea era medir el consenso popular sobre reformas que podrían cambiar la Constitución y la organización política del país. A continuación, un resumen sencillo de cada una.
Casillero A – Bases militares extranjeras
Esta pregunta pedía eliminar la prohibición vigente desde 2008 que impide establecer bases o instalaciones militares de países extranjeros en territorio ecuatoriano. El “sí” habría abierto la puerta a alianzas con fuerzas externas, como posibles bases estadounidenses en Manta o Salinas, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, muchos temían que esto erosionara la soberanía nacional y generase una dependencia militar.
Casillero B – Financiamiento estatal a partidos políticos
En esta consulta se solicitaba quitar el subsidio permanente que el Estado otorga a los partidos y movimientos políticos (unos 5‑6 millones de dólares al año). Un “sí” significaría que las agrupaciones tendrían que buscar recursos propios, lo cual podría favorecer a los más ricos o con mejor acceso a donaciones privadas. La oposición argumentaba que la medida reduciría el gasto público pero también incrementaría la desigualdad entre partidos.
Casillero C – Reducción del número de asambleístas
La propuesta aquí era disminuir la cantidad de legisladores, pasando de 137 a aproximadamente 73‑80 miembros. Además, se establecían criterios para su elección: diez diputados nacionales, uno por provincia y otro adicional por cada 400 000 habitantes según el último censo. Un “sí” se interpretaría como un intento de hacer más eficiente la Asamblea, pero muchos temían que concentrara demasiado poder en manos del Ejecutivo.
Casillero D – Convocatoria de una Asamblea Constituyente
La última pregunta era una consulta popular sobre si debía convocarse e instalarse una Asamblea Constituyente elegida directamente por el pueblo. Si se aprobaba, esa Asamblea redactaría una nueva Constitución que entraría en vigor solo después de ser ratificada mediante un referéndum posterior. Un “sí” habría iniciado un proceso profundo de reforma constitucional; un “no” mantendría la actual Carta Magna de 2008.
Los resultados preliminares mostraron que el voto mayoritario fue “No” en cada casillero, lo que impide la ejecución inmediata de todas las reformas propuestas y obliga al presidente Noboa a replantear su estrategia ante una ciudadanía exigente y crítica.
Campaña: un frente unido contra el “autoritarismo”
La campaña por el “No” fue inusual en Ecuador porque reunió a bloques que normalmente no colaboran: correísmo, movimiento indígena y sindicatos. Luisa González (Revolución Ciudadana) lideró las caravanas y mítines urbanos, denunciando la “mentira” de Noboa. Rafael Correa, desde Bélgica, usó redes sociales para movilizar bases urbanas y costeras, calificando el referéndum como una herramienta del presidente para evadir la crisis económica.
La Confederación Nacional de Indígenas (Conaie), encabezada por Ercilia Castañeda y Salvador Quishpe, organizó la caravana “Chaski por el No”, que recorrió nueve provincias antes de llegar a Quito. La Unión Nacional de Educadores y otros sindicatos se unieron al frente, argumentando que las preguntas no abordaban problemas estructurales como medicinas, educación o subsidios al diésel.
Esta coalición logró una mayor participación ciudadana, especialmente en zonas rurales y amazónicas donde la oposición correísta tenía una base sólida. El resultado fue el rechazo de cada propuesta del referéndum.
Día de las elecciones: resultados parciales (>90%)
Los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mostraron los siguientes porcentajes preliminares por casillero:
| Casillero | Votos NO (%) | Votos SI (%) |
|---|
| A – Bases extranjeras | 61,6 % | 38,4 % |
| B – Financiamiento campañas | 53,5 % | 46,5 % |
| C – Reducción asambleistas | 58,1 % | 41,9 % |
| D – Nueva constituyente | 60,6 % | 39,4 % |
La tendencia es clara: en todas las zonas la mayoría votó “No”. Según el CNE, se han procesado más del 90 % de actas, lo que confirma la solidez del resultado.
Implicaciones inmediatas
El rechazo a bases militares extranjeras elimina una opción estratégica que Noboa había visto como clave para fortalecer su alianza con Estados Unidos. La prohibición de financiar partidos políticos y la reducción del número de asambleístas restringen las herramientas que el presidente podría usar para consolidar su agenda.
Para Noboa, el “No” actúa como un termómetro político: si las propuestas no obtienen respaldo popular, se ve obligado a renegociar con una Asamblea dominada por correísmo e indígenas. La polarización política aumentará y la oposición podrá exigir más transparencia y reformas en temas económicos, como el subsidio al diésel que provocó el paro nacional de octubre.
Perspectivas a corto, medio y largo plazo
A corto plazo la polarización puede ser alta. Noboa puede intensificar la retórica defensiva, pero sin reformas constitucionales enfrentará bloqueos en la Asamblea. Se prevé que las protestas indígenas y sindicales se intensifiquen si no se revierte el alza del subsidio al diésel. La violencia sigue siendo un problema; los recortes de recursos podrían empeorar la situación.
Posteriormente el presidente tendrá que buscar alianzas con partidos de centro‑derecha, como el PSC de Lasso, para aprobar leyes de seguridad sin tocar la Constitución. El correísmo se fortalecerá, pero las divisiones internas entre moderados y radicales podrían limitar su influencia. Si la violencia baja gracias a acuerdos bilaterales con EE.UU., Noboa podría recuperar parte de su credibilidad.
A largo plazo la Constitución de 2008 permanecerá intacta, pues el referéndum no aprobó una Asamblea Constituyente. Los cambios se limitarán a leyes ordinarias que requieran consenso parlamentario. El “No” reduce la posibilidad de un gobierno con atribuciones autoritarias y obliga al presidente a negociar con la oposición. La crisis de seguridad, sin embargo, seguirá siendo el eje central que necesita soluciones más allá de los mecanismos electorales.
Conclusión
El referéndum de noviembre de 2025 demuestra que la ciudadanía ecuatoriana sigue cautelosa ante reformas que puedan limitar su soberanía o consolidar un poder ejecutivo autoritario. El resultado obliga a Daniel Noboa a replantear su estrategia: negociar con una Asamblea diversa, abordar las causas estructurales de la violencia y responder a demandas económicas urgentes. La historia política del país parece dar paso a un período de diálogo y consenso, aunque la estabilidad aún depende de cómo se gestionen los desafíos sociales y económicos que persisten.
