Por Dr. Daniel Manrique, PhD, JD.
Veterano de guerra de los Estados Unidos
Especialista en armamentos nucleares
Graduado del curso de Comando y Estado Mayor de los Estados Unidos, del curso de Comando Conjunto y Estratégico, y de la Universidad Nacional de Defensa (NDU, por sus siglas en inglés).
Los procesos de estabilización y reorganización del sector seguridad y defensa en Estados que atraviesan transiciones políticas profundas constituyen uno de los desafíos más complejos y determinantes para la estabilidad nacional y regional. Venezuela enfrenta hoy un escenario en el que cualquier error estratégico en esta materia podría generar consecuencias duraderas, mientras que un enfoque prudente y bien diseñado puede sentar las bases de una transición ordenada, legítima y sostenible.
La experiencia acumulada por la administración de los Estados Unidos en procesos de transición, particularmente en Irak, ofrece lecciones valiosas que deben ser analizadas con rigor y aplicadas con criterio. Tuve la oportunidad de participar directamente en ese proceso durante la transición hacia un gobierno democrático bajo la conducción de las fuerzas de la coalición lideradas por los Estados Unidos, lo que me permitió observar de primera mano tanto decisiones acertadas como errores estratégicos con efectos profundos en el entorno de seguridad.
Uno de los episodios más controvertidos del caso iraquí fue la decisión formalizada en mayo de 2003 por la Autoridad Provisional de la Coalición de disolver entidades clave del aparato militar y de seguridad del Estado, sin que existiera un plan suficientemente robusto de transición, reintegración y recapacitación del personal afectado. Esta medida contribuyó a la creación de vacíos de seguridad, debilitó la capacidad del Estado para ejercer control positivo del territorio y dejó a un número significativo de efectivos entrenados fuera de estructuras institucionales formales.
Ese entorno facilitó la aparición y expansión de redes insurgentes y yihadistas, así como el fortalecimiento de actores violentos que aprovecharon el colapso institucional para ganar espacio, capacidad operativa y legitimidad local. Si bien estos fenómenos no pueden atribuirse a una sola causa, la experiencia demuestra que la exclusión abrupta y mal gestionada del personal de seguridad representa un riesgo significativo en cualquier proceso de transición.
Con el paso del tiempo, la administración de los Estados Unidos ajustó su enfoque. Se comprendió que la estabilidad no podía lograrse mediante la exclusión indiscriminada, sino a través de la reconstrucción progresiva de instituciones de seguridad profesional, subordinadas al poder civil y alineadas con el Estado de derecho. Este cambio de enfoque dio lugar a esfuerzos más estructurados de reforma del sector seguridad, recapacitación doctrinaria y entrenamiento supervisado de fuerzas nacionales, bajo estándares operativos y éticos claramente definidos.
La principal lección de ese proceso es clara: no puede existir seguridad duradera sin instituciones legítimas. La fuerza, por sí sola, no genera estabilidad; la genera la confianza de la población en quienes están llamados a protegerla y en el marco legal que regula su actuación.
Un componente esencial de cualquier transición exitosa es la recapacitación y transformación doctrinaria del personal militar y de seguridad. En muchos contextos, estos efectivos han sido formados durante años bajo doctrinas ideologizadas que priorizan la lealtad política por encima del marco constitucional. La experiencia demuestra que, cuando se les brinda una oportunidad real de reentrenamiento (a estos profesionales), basado en el respeto a los derechos humanos el uso legítimo y proporcional de la fuerza y la ética del servicio público, responden positivamente y se convierten en un activo fundamental para la estabilidad nacional.
La administración de los Estados Unidos ha aprendido que los procesos de transición más efectivos se apoyan en la evaluación individual, no en sanciones colectivas; en la inclusión responsable, no en la exclusión automática; y en la reconstrucción gradual de capacidades, no en soluciones improvisadas. Este enfoque más cuidadoso, pragmático y estratégico reduce de manera significativa el riesgo de radicalización y previene la emergencia de nuevos actores violentos.
Otro factor determinante es la supervisión y coordinación internacional. En mi rol como evaluador de entrenamientos de fuerzas militares y grupos especiales en Irak, pude constatar cómo la participación de actores internacionales con experiencia aporta objetividad, credibilidad y estándares claros de desempeño. Esta supervisión permite identificar al personal con vocación genuina de servicio, establecer mecanismos de rendición de cuentas y asegurar que las fuerzas de seguridad actúen al servicio de la población y no de intereses particulares.
Las transiciones políticas son momentos de alto riesgo, pero también de grandes oportunidades. La experiencia internacional demuestra que los errores en el manejo del sector seguridad se pagan caro y durante generaciones. Al mismo tiempo, confirma que, con criterio profesional, aprendizaje institucional y compromiso con los valores democráticos, es posible reconstruir fuerzas armadas y de seguridad que contribuyan de manera decisiva a la paz, la estabilidad y el bienestar de la nación.
Hoy, más que nunca, quienes diseñan e implementan procesos de estabilización deben mirar hacia atrás, aprender de las experiencias pasadas y actuar con prudencia estratégica. La historia no se repite exactamente, pero sus lecciones siguen siendo plenamente vigentes para quienes están dispuestos a escucharlas y aplicarlas con responsabilidad.
Dr. Daniel Manrique, PhD.
