Por Dr. Daniel Manrique, Ph.D.
Analizando la situación de Venezuela a la luz de los acontecimientos ocurridos en los últimos días, resulta imprescindible ubicar el fenómeno dentro de los marcos conceptuales que el propio gobierno de los Estados Unidos ha utilizado para describirlo. Para Washington, el régimen de Nicolás Maduro ha sido calificado de autoritarismo persistente, ilegítimo en su ejercicio del poder y profundamente corrupto, con acusaciones formales de vínculos con economías ilícitas y narcotráfico, que han servido de base tanto para sanciones políticas como para la expansión de instrumentos jurídicos y diplomáticos de presión.
Bajo la doctrina de seguridad estadounidense -reflejada en documentos como la National Security Strategy y la National Defense Strategy-, un Estado que radicalmente erosiona el Estado de derecho, reprime sistemáticamente la oposición, y contribuye a redes criminales transnacionales constituye un reto estratégico a la seguridad hemisférica y, en ciertos casos, un factor de desestabilización continental. Cuando las herramientas tradicionales de la diplomacia -negociación, sanciones económicas y aislamiento político- no logran detener la escalada de amenazas, la doctrina estadounidense reconoce la posibilidad, como último recurso y bajo marcos legales propios y multilaterales, del uso de fuerza coercitiva para proteger intereses nacionales y reequilibrar la seguridad regional.
Coerción y diplomacia: un contraste instructivo
Comparado con hechos como la crisis de Irak en 2003 o las operaciones en Panamá en 1989, el caso venezolano comparte ciertos elementos: persistencia autoritaria, rechazo de procesos electorales libres y consecuencias humanitarias graves. Sin embargo, se distingue en la forma en que estas dinámicas se han entrelazado con acusaciones de criminalidad y narcotráfico que, desde la interpretación estadounidense, trascienden la gobernanza interna y afectan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El contraste con ejemplos de reconstrucción postconflicto -como Alemania o Japón tras la Segunda Guerra Mundial- es también claro: en esos casos, la derrota militar total y la reconstrucción institucional bajo supervisión internacional crearon condiciones para la estabilidad política y el respeto mutuo entre Estados. En Venezuela, la resistencia prolongada del régimen y su confrontación explícita con Washington han creado un escenario donde la guerra de coerción y precipitaciones diplomáticas termina por imponerse como herramienta cuando otras estrategias resultan ineficientes.
Este patrón se ha manifestado de forma notable en las últimas semanas, con una escalada que incluyó operaciones militares directas para capturar a Nicolás Maduro, operaciones en el Caribe en nombre de campañas contra el narcotráfico, y justificaciones de uso de fuerza que Washington enmarca como acciones defensivas conforme al derecho internacional y sus intereses de seguridad.
Uso de la fuerza cuando la diplomacia falla
La doctrina estadounidense ha sido históricamente cuidadosa en subrayar que la fuerza letal es la herramienta de último recurso en la política exterior, empleable solo cuando la diplomacia y la presión multilateral no han logrado mitigar una amenaza que se ha vuelto tangible y persistente. En las últimas actuaciones de 2025–2026, altos representantes estadounidenses indicaron que las operaciones en el Caribe contra embarcaciones presuntamente vinculadas al crimen organizado y la posterior operación para capturar a Maduro se inscriben dentro de esa lógica de “coerción calibrada” cuando todas las vías diplomáticas parecen haber sido agotadas o rechazadas por la contraparte.
El ejercicio de la fuerza, desde esta óptica doctrinal, se presenta no como un acto de expansión imperial -aunque ello sea objeto de fuerte debate internacional- sino como un intento de corregir una amenaza que la diplomacia ya no puede mitigar, al menos según la interpretación del gobierno norteamericano. Esta relación entre diplomacia fallida y coerción constituye uno de los ejes analíticos más controvertidos y discutidos en los círculos de relaciones internacionales y seguridad contemporánea.
Mis consideraciones finales en este análisis estratégico
En suma, la política estadounidense hacia Venezuela no debe entenderse como un rechazo absoluto de la diplomacia, sino como un proceso en el que aquella se ha visto reemplazada gradualmente por estrategias coercitivas debido a la percepción de que las herramientas diplomáticas disponibles han resultado ineficaces frente a un régimen descrito por Washington como ilegítimo, autoritario y vinculado a redes ilícitas transnacionales. Esto coloca al caso venezolano en una intersección crítica entre la protección de intereses nacionales, la seguridad hemisférica y la preservación de un orden internacional basado en reglas, dentro del marco doctrinal estadounidense vigente en la actualidad.
